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La justicia federal reactivó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, luego de que incumpliera con las condiciones que le permitían enfrentar su proceso en libertad.
Según fuentes judiciales, Aureoles no pagó la fianza de un millón de pesos ni se presentó en el Reclusorio Oriente, como estaba estipulado.
Los delitos que se le imputan son graves: peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso indebido del servicio público, todos vinculados al caso conocido como los “cuarteles fantasmas”, en el que se presume un desvío de más de 5 mil millones de pesos.
Las investigaciones apuntan a irregularidades como pagos a empresas sin legal posesión de los terrenos y la construcción de residencias privadas dentro de instalaciones oficiales.
La Fiscalía General de la República ya solicitó a Interpol la emisión de ficha roja para su localización internacional.
Mientras tanto, algunos de sus excolaboradores han sido detenidos y se han acogido a acuerdos de colaboración con las autoridades.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se deslindó del caso afirmando que corresponde exclusivamente a la Fiscalía.
Silvano Aureoles, quien en su momento aspiró a la Presidencia de la República, enfrenta ahora el descrédito y el señalamiento público.
Su ausencia prolongada ha reforzado la percepción de que busca evadir la justicia, debilitando aún más su imagen política y confirmando su condición de prófugo.
