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El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas de ese país, a quienes responsabilizaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
La querella, presentada en 2021, reclamaba una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños causados por la violencia armada alimentada por este flujo transfronterizo.
El fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, argumenta que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente desde 2005, otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas relacionadas con el uso de sus productos, salvo cuando se demuestra que actuaron con conocimiento de una violación a la ley.
En este caso, el alto tribunal consideró que México no presentó pruebas suficientes para sustentar tal excepción.
La demanda apuntaba a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, a las que el gobierno mexicano acusaba de negligencia al permitir que sus armas llegaran a grupos criminales.
La decisión judicial representa un revés importante en los intentos diplomáticos y legales de México por responsabilizar a actores del sector armamentista estadounidense por la violencia generada al sur de la frontera.
En respuesta al fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno analizará el resultado, recordando que existen dos procesos abiertos sobre este tema.
Mientras tanto, el contraste entre las políticas de control de armas en México y la protección constitucional a la tenencia de armas en Estados Unidos continúa marcando las tensiones bilaterales sobre seguridad y crimen organizado.
