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La muerte de Carlos Manzo abrió una grieta que su administración ya no podía ocultar: Uruapan opera bajo una presión financiera insostenible.
Las primeras revisiones revelan deuda acumulada, falta de liquidez y un gasto corriente que consumió casi toda la disponibilidad municipal antes del cierre anual. La burocracia creció sin planeación y hoy estrangula al presupuesto.
La alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, calcula que necesitará al menos 120 millones de pesos para cubrir quincenas y prestaciones de más de 3 mil trabajadores.
La nómina, que superó los 3 mil 400 empleados durante el último año, se consolidó como una de las más grandes y costosas de Michoacán, reflejo de una gestión que privilegió la expansión administrativa por encima del equilibrio fiscal.
En contraste con la narrativa cuidada que Manzo construyó en redes sociales, la estructura interna muestra desorden y omisiones. La falta de controles permitió el avance de irregularidades que vaciaron las arcas en pocos meses.
El desfase entre discurso y administración dejó al descubierto que la estabilidad financiera era más un relato político que una realidad operativa.
El caso más ilustrativo es la Policía Municipal. Mientras el exalcalde presumía más de 300 agentes en las calles, los reportes preliminares indican que solo alrededor de 100 están activos.
La disparidad no solo exhibe fallas de gestión: confirma que el ayuntamiento funcionó con información poco verificada y decisiones tomadas sin sustento técnico, agravando una crisis que estalló a la vista de todos.
