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Un juez federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por presuntamente haber causado un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos durante su administración.
Los exfuncionarios, entre los que se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia, enfrentan cargos por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La audiencia, que duró cerca de 22 horas, permitió a la juez Patricia Sánchez Nava analizar más de 100 pruebas presentadas por las defensas y la Fiscalía General de la República (FGR).
Como resultado, se determinó la vinculación a proceso de los exfuncionarios y se otorgaron tres meses adicionales para la investigación complementaria.
A su vez, se decidió que Maldonado Mendoza permanecería en prisión preventiva oficiosa en la penitenciaría de Santa Martha por razones de salud, mientras que las defensas de los otros tres exfuncionarios solicitaron una nueva audiencia para revisar la posibilidad de modificar la medida cautelar.
La FGR los acusa de haber participado entre 2015 y 2021 en la adjudicación de contratos a la empresa Inmobiliaria DIP, los cuales ocasionaron un daño millonario al estado.
Esta empresa recibió contratos para rentar inmuebles destinados a cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán, pero las obras resultaron inconclusas y mal ejecutadas.
Además, la empresa recibió contratos adicionales para labores de mantenimiento y limpieza en dichos inmuebles, mismos que la FGR considera simulados. La compra de los inmuebles con sobreprecio también fue autorizada por Aureoles en 2020.
Durante la audiencia, la defensa de Elizabeth Villegas señaló que la empresa Inmobiliaria DIP había llegado a un acuerdo reparatorio con el gobierno estatal en 2024, con el compromiso de pagar más de 900 millones de pesos para subsanar el daño.
Sin embargo, la Contraloría de Michoacán indicó que la empresa no había cumplido con lo pactado, por lo que no era posible desestimar las imputaciones contra los exfuncionarios.
Se espera que la situación continúe bajo revisión mientras se resuelven los pendientes relacionados con las obras inconclusas y el posible ajuste de adeudos entre el gobierno y la empresa.
