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Los Ángeles vivió este viernes una jornada marcada por el miedo y la indignación, tras una serie de redadas migratorias encabezadas por agentes del ICE que culminaron con la detención de al menos 45 personas, entre ellas David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California (SEIU).
Huerta, quien participaba como observador comunitario, fue herido y trasladado a un hospital antes de ser recluido en el Centro de Detención Metropolitano. Su detención encendió aún más la protesta social.
Los operativos, ejecutados en fábricas del Distrito de la Moda, calles de Westlake e incluso cercanías de escuelas, generaron enfrentamientos entre agentes federales y defensores de migrantes.
Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a manifestantes que denunciaban un “ataque armado y terrorista”, según el activista Ron Góchez.
La alcaldesa Karen Bass expresó su “profunda indignación” y acusó a las autoridades federales de atentar contra el tejido social de la ciudad.
El FBI y la DEA confirmaron su participación en las redadas, sumando tensión a una operación que ha sido calificada por organizaciones civiles como una escalada represiva sin precedentes.
El sindicato SEIU exigió la liberación inmediata de Huerta y denunció la criminalización de líderes comunitarios.
“No se trata de mí, sino de cómo resistimos la injusticia”, declaró el líder sindical desde el hospital, convertido ya en símbolo de resistencia frente a lo que muchos consideran una política de terror institucional.
Ante los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México activó protocolos de emergencia para brindar asistencia a connacionales detenidos o afectados.
A través del Consulado en Los Ángeles, ofreció protección y orientación jurídica, subrayando su rechazo a las tácticas que vulneran los derechos humanos.
La crisis migratoria adquiere así un nuevo rostro: el de un líder sindical arrestado por alzar la voz y defender la dignidad de su comunidad.
