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En los últimos años, México ha registrado avances importantes en la visibilización y participación política de mujeres indígenas.
A nivel federal, la Cámara de Diputados alcanzó la paridad de género en 2021, pero sólo el 6.3 % de las presidencias municipales están encabezadas por mujeres, y una fracción menor corresponde a mujeres indígenas, de acuerdo con datos del Inegi y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (2023).
A nivel estatal, entidades como Oaxaca, Chiapas y Yucatán concentran en algunos municipios más del 50 % de población indígena femenina, pero su representación en cargos públicos todavía no corresponde con su peso demográfico.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, Oaxaca registra un 23 % de ayuntamientos encabezados por mujeres indígenas, siendo uno de los estados con mayor representación.
En contraste, estados como Michoacán o Querétaro muestran cifras muy bajas o nulas en cuanto a cargos públicos ocupados por mujeres indígenas.
Si bien en algunos estados se han implementado acciones afirmativas para garantizar la postulación de personas indígenas en cargos de elección popular —como lo ha ordenado el INE desde 2018—, han sido frecuentes las denuncias por suplantación de identidad, simulación de autoadscripción indígena y marginación de liderazgos femeninos legítimos.
Por otro lado, la encuesta ENADIS 2022 (Inegi-Conapred) revela que el 28.2 % de las personas indígenas ha experimentado algún tipo de discriminación, siendo las mujeres doblemente vulneradas por su condición de género y etnicidad.
La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT 2021) también señala que las mujeres indígenas dedican más tiempo a tareas no remuneradas, lo que limita su participación política y económica.
Organizaciones como CLADEM, Red de Abogadas Indígenas, y el propio INEPI han documentado casos donde los sistemas normativos internos (usos y costumbres) excluyen a las mujeres de las asambleas o les niegan el derecho a ser votadas, especialmente en municipios con gobiernos comunitarios.
Aunque hay avances en visibilidad, como el nombramiento de gobernadoras tradicionales en comunidades de Sonora y Chiapas, la transformación estructural sigue pendiente.
Para cerrar la brecha, se requieren políticas públicas interculturales con enfoque de género, acceso real a la justicia electoral y garantías para que el ejercicio del poder no implique violencia, criminalización o revictimización de las mujeres indígenas.
