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El Ayuntamiento de Morelia aprobó nuevos criterios que permiten la asignación de contratos sin licitación pública, elevando el monto máximo para adjudicaciones directas hasta 2 millones de pesos y aumentando el límite de invitaciones restringidas a tres proveedores hasta los 10 millones.
Solo los contratos que superen este umbral estarán sujetos a un proceso de licitación pública.
El dictamen, firmado el 11 de marzo de 2025 por las comisiones correspondientes, fue aprobado al día siguiente, pero hasta el momento no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, lo que impide su entrada en vigor de manera oficial.
Estos cambios han despertado preocupaciones sobre el posible uso discrecional de los recursos públicos, ya que permiten que ciertos grupos cercanos a la administración municipal sean favorecidos con contratos sin un proceso de competencia abierto.
No es la primera vez que el gobierno de Alfonso Martínez enfrenta señalamientos por beneficiar a aliados políticos y empresarios afines mediante adjudicaciones directas y presupuestos inflados, lo que ha generado inquietud entre diversos sectores.
Ante esta situación, ciudadanos y expertos han manifestado su preocupación por los riesgos de corrupción y falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La medida ha sido cuestionada por su impacto en la rendición de cuentas y la equidad en la asignación de recursos.
En este contexto, surge la interrogante: ¿se trata realmente de una estrategia para agilizar la administración municipal o de un mecanismo que facilita el beneficio de unos cuantos en detrimento del interés público?
