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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarticuló una red criminal dedicada al despojo sistemático de viviendas y terrenos, mediante la Operación “Restitución”, como parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad.
La acción penal se ejerció contra 23 personas, incluyendo tres notarios, nueve servidores públicos y once líderes de organizaciones sociales, con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las acusaciones abarcan delitos como extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.
La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba en al menos 14 municipios del estado, centrado en el Valle de México.
Las organizaciones involucradas, como USON, GOPEZ, Los 300, Sindicato 22 de Octubre y Los Gastones, ejecutaban ocupaciones violentas de inmuebles, respaldadas por funcionarios del IFREM y autoridades municipales, quienes legalizaban la posesión mediante documentación apócrifa.
Entre el 22 y el 30 de mayo, seis integrantes de la USON fueron detenidos, destacando José Carmelo “N”, identificado como cabecilla de una célula extorsiva.
En total, los implicados cometieron despojos en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango y Atizapán de Zaragoza.
Otro implicado, Hugo Francisco “N”, fue arrestado en Veracruz por extorsionar a una víctima con 300 mil pesos a cambio de devolverle un inmueble usurpado.
Uno de los puntos más alarmantes de la estructura criminal es la participación de servidores públicos.
La Fiscalía imputó a cinco funcionarios del IFREM, cuatro exautoridades municipales y tres notarios públicos por su intervención en actos jurídicos ilegales.
Esta red institucionalizada permitió validar transferencias de propiedades con pleno conocimiento de su procedencia ilícita.
