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El Congreso de Michoacán inició la revisión de una nueva Ley de Juicio Político, propuesta promovida por Morena con la intención de renovar un mecanismo que históricamente ha tenido poca eficacia y casi nulas consecuencias para altos funcionarios.
La iniciativa plantea sustituir el modelo vigente por un procedimiento más funcional, con etapas definidas, responsabilidades claras y plazos específicos para evitar que los casos queden atrapados entre trámites o decisiones políticas.
El juicio político se mantendría como una vía para sancionar conductas de servidores públicos que lesionen el interés colectivo o afecten el funcionamiento institucional, incluso cuando esos actos no constituyan delitos penales.
Entre las sanciones previstas continuarían la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar funciones públicas, aunque el eje central de la reforma es que esas medidas puedan aplicarse de manera real.
El proyecto también delimita qué funcionarios estatales y municipales podrían ser sujetos a este procedimiento, ampliando la capacidad de vigilancia del Poder Legislativo frente a posibles excesos de poder.
Otro punto relevante consiste en ordenar el trámite interno dentro del Congreso, estableciendo rutas formales para impedir que denuncias sean archivadas sin resolución o permanezcan congeladas por tiempo indefinido.
La discusión de fondo rebasa lo jurídico: definir si Michoacán tendrá un verdadero instrumento de rendición de cuentas o si el juicio político seguirá dependiendo del cálculo político de las mayorías legislativas.
