Nuevo Poder Judicial: entre la legitimidad formal y el escepticismo público

Posted On By Redacción
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Concluido el cómputo de votos del Instituto Nacional Electoral, México entra en la etapa final de un proceso que ya es histórico: la renovación del Poder Judicial a través del sufragio.

Aunque el plazo para impugnar los resultados permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, los nuevos magistrados asumirán funciones a partir del 1 de septiembre, en poco más de dos meses.

El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, defensor de los derechos indígenas y con formación jurídica comunitaria, presidirá la Corte.

Lo acompañarán Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Sara Irene Herrerías, en un pleno reducido a nueve integrantes como estipula la reforma judicial aprobada en 2024.

La integración fue celebrada por sectores que subrayan la ampliación de la representación de mujeres y perfiles sociales tradicionalmente excluidos del ámbito judicial.

Por primera vez, una mayoría femenina compondrá el máximo tribunal del país. No obstante, el entusiasmo institucional convive con un terreno minado por los cuestionamientos.

Diversas organizaciones civiles, medios y académicos advierten sobre la presencia de candidaturas marcadas por controversias: señalamientos de vínculos con grupos criminales, acusaciones por acoso o violencia de género y cercanías con intereses políticos o económicos, esto a pesar de que todas las personas electas cumplen con los requisitos formales.

Recientemente, las organizaciones PROJUC, Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Poder Ciudadano y Defensorxs señalaron que hay una “coincidencia” entre los ganadores de la elección y los llamados acordeones usados el día de la elección.

Ello, explicaron, pone al descubierto que las elecciones del 1 de junio fueron una “simulación”.

El viernes 20 de junio venció el plazo para impugar las elecciones; hasta ese día había 220 juicios de inconformidad contra la elección.

Pese a todo, la elección del 1 de junio marca un parteaguas institucional, al trasladar al voto popular la designación de quienes encabezarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos judiciales clave.

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