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Las bancadas del Congreso de Michoacán comenzaron a empujar una serie de reformas para blindar políticamente a alcaldes y alcaldesas sustitutas, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinara que una presidenta municipal designada por el Congreso no puede reclamar violencia política de género por la vía electoral al no haber llegado al cargo mediante voto popular.
El criterio surgió a raíz del caso de Grecia Quiroz y abrió un vacío jurídico que ahora distintas fuerzas políticas buscan corregir desde el Poder Legislativo.
La coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Brissa Arroyo Martínez, propuso modificar la Ley Orgánica Municipal para que cualquier autoridad sustituta tenga exactamente los mismos derechos, facultades y protección jurídica que un alcalde electo en urnas.
En Morena, Fabiola Alanís Sámano planteó reconocer plenamente los derechos inherentes al cargo para quienes asuman alcaldías por designación del Congreso.
Mientras tanto, el diputado panista Alfonso Janitzio Chávez Andrade impulsó cambios al Código Electoral para permitir que mujeres nombradas mediante sustitución o designación también puedan denunciar violencia política de género.
Las reformas comenzaron a conocerse ya entre diputados como la llamada “Ley Grecia”, debido a que el caso de Uruapan detonó la discusión legislativa.
El debate tomó fuerza después de la denuncia promovida contra Gerardo Fernández Noroña, asunto donde el TEEM concluyó que no existía materia electoral suficiente para entrar al fondo del caso, aunque dos magistradas votaron en contra.
Ahora, el Congreso busca dejar expresamente establecido que las autoridades municipales sustitutas también cuentan con protección política, electoral y jurídica plena durante el ejercicio de sus funciones.
