0
0
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo reserva durante cinco años los nombres de sus funcionarios y sus declaraciones patrimoniales, con posibilidad de ampliar el plazo hasta 10 años. La dependencia argumenta que revelar su identidad podría ponerlos en riesgo ante personas investigadas por operaciones financieras irregulares.
La medida fue establecida en mayo de 2024, cuando un particular solicitó conocer quiénes integraban la UIF. La dependencia respondió que “cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada”, al advertir posibles extorsiones, sobornos, atentados o amenazas.
La UIF también sostiene que sus funcionarios podrían ser buscados para obtener información privilegiada sobre investigaciones, además de ser presionados para revelar métodos y procedimientos. Por ello, la reserva se mantendrá hasta el 31 de mayo de 2029 y podría prorrogarse por cinco años más.
La clasificación también alcanza a quienes responden solicitudes de transparencia. En documentos recientes, los nombres de funcionarios que elaboran, revisan o autorizan respuestas aparecen únicamente mediante siglas. La UIF argumenta que su personal realiza funciones vinculadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, consideradas de seguridad nacional.
